Se completa la transposición del MIFID II

Después de año y medio, se hizo esperar, pero, finalmente se completó la transposición del MIFID II mediante una normativa que, parece ser, no convence a todos.

El viernes 21 de diciembre tuvo lugar la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona donde finalmente el gobierno aprobó el Real Decreto que completa la transposición europea del MiFID II. Este RD entra en vigor el jueves 17 de enero 2019. El nuevo RD es la última pieza legislativa dentro de todo el complejo marco regulatorio MIFID II en España, e incorpora a las Instituciones de Inversión Colectiva dentro de todos sus exigentes reglamentos.

En concreto, las exigencias de unbundling (segregación del pago del análisis del pago por ejecución de órdenes) y mejor ejecución son formalmente requeridas a las Gestoras de Fondos de Inversión. Cada Gestora debe evaluar periódicamente la calidad del análisis adquirido con arreglo a criterios de calidad sólidos y a su capacidad para contribuir a la adopción de mejores decisiones de inversión. También debe identificar aquellos centros que permitan obtener sistemáticamente el mejor resultado posible para la ejecución de las órdenes de los clientes.

Los objetivos que tiene el real decreto según afirman fuentes del Ministerio de Economía y Empresa, son “reforzar la protección de los clientes de servicios financieros, aumentando el nivel de confianza en las entidades que prestan estos servicios, e incrementar la transparencia y la información disponible para los supervisores y el público en general sobre las operaciones que se llevan a cabo con instrumentos financieros en los mercados de valores”.

Asimismo, ya se conocen los criterios que se han establecido en la limitación de las retrocesiones. Según señala Funds People,  “por lo que se refiere a la limitación del cobro de incentivos, se establecen como requisitos, entre otros, la comercialización de al menos un 25% de productos financieros de terceros y al menos dos alternativas de terceras partes en cada categoría de fondos comercializada, para que pueda estimarse que hay un incremento en la calidad del servicio ofrecido y por tanto pueda cobrarse retrocesión”.

En España, el problema que existía era que todavía no se había aprobado lo traspuesto al ordenamiento jurídico a través del Real Decreto-ley 21/2017, con lo que se situaba fuera de plazo por más de un año, pues finalizaba en julio de 2017. Por lo que la Directiva MiFID II corría prisa por aprobarla para así poder adaptar el derecho español a la normativa de la Unión Europea.

Lo que se quiere conseguir, es que cualquier empresa de servicios financieros ofrezca a cada cliente los productos más adecuados, por lo que cualquier proceso que tenga que ver con un producto de inversión tiene que ser aprobado con antelación por el propio consejo de administración de la empresa, ya que será quien se responsabilice de que sus productos cumplan la finalidad que sus clientes desean. De este modo, se cumple uno de los principales objetivos del MiFID II, y es reforzar la protección de los clientes financieros.

Según indica Funds People, “otra cuestión que refuerza tanto la protección al inversor como la capacidad de supervisión de la CNMV es la relativa a la obligación de incluir en los registros de las empresas de servicios de inversión las conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas relacionadas con la ejecución de órdenes por cuenta propia y con la prestación del servicio de recepción, transmisión y ejecución de órdenes”.